Salud mental, un derecho «condicionado» para la niñez venezolana

Salud mental, un derecho "condicionado" para la niñez venezolana

Seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes venezolanos no tienen acceso al sistema de salud pública en Colombia. En estos casos, el Estado reserva la atención médica solo para emergencias en las que la salud mental no suele ser priorizada.

-Vivo con mi mamá y con mis hermanos. Con ellos juego y los cuido. En Venezuela mi casa era grande, más grande que la de acá. Vivíamos con mi papá, extraño mucho a mi papá, jugábamos a hacernos cosquillas –Camilo* (6 años), de ojos grandes y cabello oscuro, está sentado junto a su tía Mercedes Mendoza en las gradas de una modesta cancha escolar de fútbol.

Recuerda el viaje que hizo hace cuatro años con sus dos hermanos (8 y 5 años), desde Trujillo, un estado andino venezolano, hasta Santa Cruz de Mompox, al sur del departamento colombiano de Bolívar. Su familia cruzó la frontera, por primera vez en 2018, porque conseguir comida era cada día más difícil a causa de la escasez y la inflación. Apenas unos meses después volvió a Venezuela siguiendo los pasos de su padre, pero hace un año regresó con su madre.

–Fue bien, no sentí miedo. Mi casa aquí en Colombia es un poquito grande y un poquito pequeña y eso no me gusta. Me gustaría tener juguetes, en Venezuela tenía nada más un carrito de tiburón que me compró mi papá. Cuando hablo con mi papá a veces lloro, lo extraño» –su mirada desconsolada se pierde en el campo de fútbol.

Hace nueve meses, Camilo empezó a llorar de día y de noche y a dejar de comer. Al principio su maestra lo notaba muy somnoliento, se quedaba dormido en una banca, en el patio de la escuela, y se negaba a entrar a clases.

Su madre Mónica* quiere que lo evalúe un psicólogo, siente que sus cambios de comportamiento están relacionados con la ausencia paterna. Sin embargo, Camilo no puede acceder al sistema público de salud colombiano porque las autoridades sanitarias le exigen tener un Permiso por Protección Temporal (PPT).

Aunque el caso de Camilo no debe ser subestimado porque podría desencadenar cuadros de ansiedad, depresión o incluso trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno límite de personalidad, según el neuropediatra, experto en aprendizaje y conducta, Manuel Antonio Fernández, el Estado colombiano reserva la atención médica gratuita a migrantes en situación “irregular” solo para casos de emergencia en los que la salud mental no suele ser priorizada.

“Esa separación lleva aparejada una pérdida, un vacío, una ausencia que no sabe si podrá recuperar. Si hay algo que nuestro cerebro no lleva bien es la incertidumbre, la duda, la falta de claridad. Las consecuencias emocionales pueden ser muy graves”, advierte Fernández.

Camilo Pérez Mendoza en casa de su abuela materna, en Mompox, Colombia.
Foto: Silvana Julieth Pontón Arias.

Migración Colombia estima que en el país hay más de 600 mil niños, niñas y adolescentes venezolanos, pero menos de la mitad tiene acceso al sistema de salud pública actualmente. Según el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), 244.190 menores de edad están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

“Mi hijo vivía con el papá en Venezuela, él se acostumbró allá, pero cuando yo lo traje para Colombia él ya no quería comer, adelgazó mucho, y lloraba todo el tiempo”, dice Mónica. 

Intentó pedir atención médica para su hijo en el hospital principal de Mompox y en la Entidad Promotora de Salud (EPS) Coosalud. Pero no pudo ingresarlo sin PPT. Siendo madre soltera con una paga semanal de apenas 26 dólares, una consulta privada no es una opción que pueda costear.

Además de la consulta, también debe pagar el traslado y la estadía en alguna de las ciudades más próximas comoSincelejo, Cartagena, Barranquilla o Valledupar a la que tendría que viajar con Camilo para recibir atención especializada, ya que en Mompox hay déficit de especialistas, principalmente en neuropediatría y psiquiatría.

Mónica arrienda una pequeña casa en un barrio alejado del centro de Santa Cruz de Mompox por 100 mil pesos colombianos al mes (22 dólares). Por las cunetas de la vivienda corren aguas negras que son foco de múltiples enfermedades, por eso les prohíbe a los niños jugar cerca del sardinel. Pasan la mayor parte del tiempo dentro del estrecho inmueble.

Todos los viernes cruza el río Chicagua, que conecta con el corregimiento de Candelaria, para llegar a la cantina donde trabaja. El viaje en flota es la única vía de acceso, por lo que se va los viernes y regresa los lunes. Deja a sus hijos al cuidado de un tío y a sus hijas a cargo de una vecina. 

Al tener que retomar este trabajo, Mónica tomó la decisión de hacerle una falsa promesa a Camilo diciéndole que, si se porta bien, va a ver a su padre en vacaciones. Desde entonces, el niño acepta comer más y hace sus tareas. Pero le preocupa que empeore si este reencuentro no llega.

“Si tuviera la ayuda de un psicólogo sería mejor, la necesita, ahora está más tranquilo pero sé que esa no es la solución”, afirma.

La maestra de Camilo, Dilia Dolores*, le dice al niño que si aprende a escribir puede hacerle una carta a su padre que le entregará cuando lo vea en vacaciones, aunque no tiene certeza que pueda reunirse con él.

“Considero que sería bueno que pudiera recibir terapias o ayuda psicológica porque él es muy dependiente de su papá y su mamá tiene que ir a trabajar. Entonces se queda solo y no debe ser fácil. La psicoorientadora del colegio a veces no puede venir y son muchos los casos que atiende. Sería ideal que hubiese un equipo psicoorientador permanente”, expresa la docente. 

Solo emergencias

Según el decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, los migrantes en condición de irregularidad tienen derecho a ser tratados cuando: “La alteración de la integridad física y/o mental de una persona sea causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte”.

Pero la salud mental, al no dejar secuelas físicas inmediatas, suele ser subestimada, según la neuropediatra *Mariana Mendoza.

“La salud mental es algo que está poco valorado, porque uno no puede ver inmediatamente el efecto, uno no puede operar un problema de salud mental, no puedo quitarle un pedazo de algo a alguien para que se le quite esa dificultad, entonces dentro de la sociedad es algo que no se valora tanto”, explica Mendoza.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tiene presente estas barreras y por eso insiste en abogar para que los Estados integren los servicios de salud mental en la atención de salud primaria, que debe ser de acceso universal.

Fuentes del Ministerio de Salud y Protección Social  admiten no tener claridad sobre cómo se determina una emergencia en salud mental –durante una entrevista presencial realizada en Bogotá, el 6 de octubre del 2022–. Al consultar si un niño, que presenta alteraciones de comportamiento, puede acceder a atención médica aunque no tenga PPT, un funcionario responde que “se imagina que a través de un triaje eso se definiría” y otro indica que “solicitarán información a la dirección pertinente sobre eso”.

Una tercera fuente precisa que el Estado colombiano no puede negar el servicio de salud mental a los niños y adolescentes migrantes y agrega: “Falta por definir cuándo se considera una urgencia en temas de salud mental, pero, en principio, si es catalogado como una puede ingresar”.

Además aclara que, con el decreto 616, la migración venezolana dejó de ser considerada como población especial y por eso tiene que hacer la afiliación de oficio y acreditar su permanencia en el país cada cuatro meses. “Esto tiene que ver con el tema de la regularización de la población migrante venezolana a través del Estatuto Temporal que, digamos, los equipara casi que con los nacionales en derechos y deberes”, explica.

Minsalud también argumenta que los colombianos no están exentos de cumplir con ciertos requisitos para acceder al sistema público de salud como tener un documento de identidad válido (registro civil de nacimiento, para menores de siete años, tarjeta de identidad (mayores de 7 años y menores de 18), cédula de ciudadanía) y vocación de permanencia en el territorio.

“Si un menor no está afiliado a una EPS eso no impide que tenga el debido acceso a la salud. Pero, si el paciente no presenta una situación de riesgo inminente donde su derecho a  la salud se vea afectado no puede recibir esa atención, puesto que el Estado le presta atención en calidad de urgencia”, agrega la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la psicóloga Mary Alejandra Arias afirma tajante que la salud mental “ha sido abandonada por años en Colombia” y hace un llamamiento para que se cumpla lo estipulado en la Ley 1616.

La ley de Salud Mental 1616 del 2013, sancionada por el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, promueve el objetivo de garantizar este derecho a los residentes a través del SGSS. Los aspectos a destacar en esta normatividad son el derecho a la atención oportuna y digna, salud integral y atención primaria en salud para atender las necesidades y demandas de la población.

Datos suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

La Dirección de Epidemiología y Demografía registró que, desde el 1 marzo de 2017 hasta el 30 de abril de 2022, fueron atendidos 19.272 menores, de los cuales 7.800 requirieron consultas relacionadas con su salud mental. Los trastornos emocionales y del comportamiento fueron una de las principales causas de estas alteraciones en la niñez y adolescencia venezolana.

Los 4 principales diagnósticos en salud mental de niños, niñas y adolescentes migrantes procedentes de Venezuela en Colombia. Marzo 2017 a abril 2022. Datos suministrados por Minsalud.
Ilustración Tatiana Elizabeth García Benavides

Los sueños de Alexandra

Alexandra Saavedra Mora en un parque de Bogotá.
Foto: Tatiana Elizabeth García Benavides.

Aunque Alexandra (10 años) muestra secuelas físicas alarmantes y tiene PPT aún no recibe atención médica. Su cabello empezó a caer durante la cuarentena por pandemia. Pero la alopecia empeoró tras dejar su casa en Venezuela. Ese 31 de diciembre de 2020 salió a bordo de un camión de carga –conocido como tractomula–, con 40 personas más. No hubo tiempo para despedidas, su madre Ana buscaba ayuda médica para el menor de sus hijos, Abdiel (4 años), diagnosticado con parálisis cerebral.

–Yo estaba sentada y con sueño, a veces parada. La gente se movía y me lastimaba. Me arroparon, hacía frío. Yo me agarraba para no caerme, sentía miedo –la travesía empezó con el alba, a las 5:00 de la mañana.

Cuando llegó a Bogotá, las peleas entre sus padres eran frecuentes y, cuando no estaban en casa, quedaba al cuidado de una niñera que les pedía que permanecieran encerrados en una de las habitaciones de la casa.

–Yo estaba triste, sin mi papá, y mi mamá todo el día en el trabajo. Yo me ponía a llorar –Ana acostumbraba a peinar a Alexandra, era un momento especial para ambas, pero un día, al pasar el cepillo se desprendió un mechón de cabello. “¿Alexandra, qué te estás haciendo?”, reaccionó asustada.

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Su madre piensa que la alopecia es provocada por estrés, por eso pide que sea diagnosticada por un especialista. Pese a los esfuerzos por tramitarle el PPT e ingresarla a una EPS, la niña aún espera aparecer en el listado de afiliaciones de la entidad promotora de salud de la que es beneficiaria.

De ojos café, siempre lleva un gorro gris para cubrirse de la brisa gélida bogotana y esconder los vacíos en su cabeza. Sonríe cuando recuerda las excursiones que hacía con su padre, en la zona montañosa donde vivía en Venezuela, en Los Teques, capital del estado Miranda. “Subíamos a buscar mangos, a veces encontrábamos culebras. Una vez encontramos una, la cocinaron y nos la comimos. Llenábamos los sacos de puros mangos”, cuenta.

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El 28 de octubre es su día favorito porque es su cumpleaños. Quiere pastel de piña o de banano, pero su mamá no tiene implementos para cocinarlo.

Alexandra desea ser doctora o abogada cuando sea grande. “Doctora porque ayuda a la gente, los cura cuando están enfermos, y abogada porque resuelven los problemas de las personas, dicen quién tiene la razón y quién no la tiene”, explica su elección.

El próximo año retomará la escuela. Está nerviosa. Teme que sus compañeros la molesten como hacían en Venezuela: “Me pegaban y no sé si aquí sea igual, me da miedo”.

La Corte Constitucional de Colombia dictaminó, el 14 de abril de 2021, que el derecho a la salud debe ser garantizado a los niños y adolescentes sin que importe su condición migratoria porque son sujetos de especial protección constitucional. Pero, aunque el padre de Alexandra paga su afiliación desde hace cinco meses, para que sea beneficiaria en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la menor sigue sin aparecer en el sistema.

Para la Defensoría del Pueblo, el derecho a la salud de la niña venezolana no está comprometido por su condición de migrante. Desde la institución responden que es una problemática de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Alexandra Saavedra Mora en un parque de Bogotá.
Foto: Tatiana Elizabeth García Benavides.

La tutela y otros mecanismos de protección

La Defensoría del Pueblo contempla la opción de gestionar acciones legales para salvaguardar los derechos de los niños y jóvenes migrantes. “El Estado está obligado a brindar todos los procedimientos y tratamientos que la persona o el niño, niña y adolescente requieran desde su condición de paciente de cáncer o paciente de graves enfermedades”, aseguró la Defensoría del Pueblo. 

Uno de los mecanismos de protección que pueden ejercer padres o cuidadores para amparar el derecho a la salud es la acción de tutela ante los juzgados, el cual es un mecanismo diseñado para salvaguardar un derecho fundamental que se considera ha sido vulnerado. Esta garantía constitucional no requiere de un abogado para ser elaborada y presentada; incluso la persona que necesite utilizar este recurso puede dirigirse a la Personería o Defensoría del Pueblo, en donde se encuentra domiciliado, para pedir asesoría.

Los menores de edad que no están amparados por el PPT aún pueden solicitarlo solo si se encuentran a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o están inscritos en una institución educativa, ya que el pasado mes de mayo venció el plazo dado por el Estado para que la población venezolana pudiera optar por este documento de identidad. El trámite lo pueden iniciar a través de la página oficial de Migración Colombia o en cualquiera de sus oficinas.

“Los demás migrantes están en una condición migratoria irregular, en ese estado no pueden acceder a los servicios de salud, únicamente a la atención por urgencias”, puntualizó Migración Colombia. 

La Cooperación Internacional es la única alternativa que queda para las niñas, niños y adolescentes que no tienen acceso al sistema público ni privado de salud. Pero esta red constituída por organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y agencias de las Naciones Unidas no tiene capacidad para suplir el vacío estatal ya que dependen de donaciones para abarcar la gran demanda.

Dos opciones que ayudan a los niños, niñas y adolescentes venezolanos en territorio colombiano son la APP salud y migración – aplicación móvil que permite que los usuarios estén informados acerca de la autogestión de su salud y bienestar- yGIFMM contigo (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos) – es una herramienta digital desarrollada para migrantes o refugiados procedentes de Venezuela en Colombia, tiene como objetivo brindar asistencia, orientación o protección-, según Rocío Castañeda, Oficial Asociada de Comunicaciones e Información Pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

A continuación podrá ver las organizaciones de cooperación y humanitarias en territorio colombiano que brindan asistencia, a los menores migrantes venezolanos, en temas de salud mental.

Ilustración Tatiana Elizabeth García Benavides

A pesar de los esfuerzos que el Estado colombiano está realizando para garantizar asistencia médica a la población venezolana, persisten grandes desafíos para integrar los servicios de salud mental en la atención primaria. Más de la mitad de la niñez venezolana en Colombia no tiene asegurado un “estado de completo bienestar físico, mental y social”, como define la Organización Mundial de la Salud (OMS) este derecho.

*Los nombres fueron cambiados por solicitud de las fuentes que pidieron proteger su identidad.

Redacción: Silvana Julieth Pontón Arias y Tatiana Elizabeth García Benavides

Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

By Samantha Herrera

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