“No queremos más guerra, queremos un presente y futuro para nuestros niños”: Miguel Ángel Pardo, secretario de asuntos educativos, pedagógicos y científicos de Fecode

Desde hace algunos días, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) anunció su cese de actividades en 1103 municipios del país, para rechazar el asesinato y las amenazas a los maestros y maestras, así como su compromiso con la educación de los niños y niñas colombianos.

Según la Federación, en los últimos 30 años han sido asesinados más de 1.100 maestros en el país. En el trascurso de 2019 fueron asesinados 14 profesores y en lo corrido del año van más de 250 maestros amenazados, el caso más reciente en el departamento de Bolívar, en donde cerca de 170 docentes se encuentran en esta situación.

Este año se confirmó la muerte de la docente del departamento de Arauca, Sandra Vaquero, además de un atentado al expresidente de Fecode, Carlos Rivas en el municipio de Guamo, Tolima, quienes presuntamente fueron atacados por la organización paramilitar Águilas Negras.

“Nosotros peleamos por el derecho a la educación, por los derechos de los niños. Esto ha generado mucha roncha en algunos sectores, en lo fundamental son sectores que plantean que el futuro y presente de los jóvenes debe ser continuar en guerra para que una minoría privilegiada deba estar en el poder de manera indefinida”. Miguel Ángel Pardo, secretario de asuntos educativos, pedagógicos y científicos de Fecode.

Las denuncias:

Pardo aseguró que las amenazas contra los docentes se dan a causa de las denuncias que ellos realizan en todo el país, una de ellas sobre la corrupción en el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

En Magdalena se presenta una delicada situación por la falta de infraestructura y el PAE, ya que tienen un faltante de 450 docentes, el cual afecta a los estudiantes, pues no reciben una jornada escolar adecuada.

Aunque la federación reconoce logros como el compromiso del gobierno por la reforma constitucional que le devolverá más de 170 millones del sector educativo y de la salud, considera necesario que la administración nacional se pronuncie frente estas denuncias.

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By Wilson Castiblanco

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