“Después de visitar en el último año los más recónditos barrios en las veinte localidades del Distrito Capital, principalmente para escuchar a los habitantes, en todas las ocasiones manifiestan su desprecio por la clase política y piden soluciones estructurales, hasta la pena de muerte”, explicó Hernán Roncancio Martínez, quien adopta para su vida pública esta controvertida solución ante la corrupción galopante en Colombia.
Aunque el proceso para llegar a esta instancia de imponer la pena de muerte para los corruptos no será un camino de rosas, nacional e internacional, para el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del partido Alianza Verde, después de consultar a los expertos, no solo encontró que desde el Antiguo Testamento se contempla, sino que el castigo supremo históricamente ha estado presente en la sociedad para enderezar comportamientos.
Hernán Roncancio Martínez-Cámara 113
Para sustentar la propuesta, un grupo de simpatizantes de Roncancio Martínez realizarán hoy arengas en la plaza de Bolívar para pedir la pena de muerte frente ante Congreso y las Cortes, no solo para los corruptos, sino que también se incluirían a los violadores y criminales reincidentes. Las razones de proponer pena de muerte a los corruptos, además del clamor de la población, y según Roncancio Martínez es por justicia, utilidad social, ejercicio de la legítima defensa, miedo a la fuga o a la reincidencia, costos económicos y que no puede existir el riesgo de sentenciar a un inocente.
El candidato a la Cámara de Representante y especializado en derecho penal, en el análisis que hizo pudo concluir que ni a Simón Bolívar ni a Santander les tembló la mano para ordenar pasar por las armas a quienes amenazaban la estabilidad y la paz. La mano dura se impuso en 1886 con la Constitución de Rafael Núñez que reimplantó la pena capital. Pero la pena de muerte aplicada por las autoridades, previo proceso, no se registra en Colombia desde 1906, cuando un Consejo Verbal de Guerra ordenó fusilar a quienes habían atentado contra la vida del presidente Rafael Reyes y de su hija Sofía en el sitio de Barrocolorado, en zona rural de Chapinero.
Mientras el único país del mundo que aplica la pena de muerte por corrupción a funcionarios es en la China, el derecho internacional considera que es contra los derechos humanos, pero Roncancio Martínez, propone “Si determinados crímenes como colocar un carro bomba, matar a centenares de personas inocentes o secuestrar durante año y medio a un anciano, producen entre la comunidad que los culpables deben ser castigados con la pena de muerte. Es buena para estos casos”.
Hay que tener en cuenta que los países más desarrollados como Estados Unidos, China, Japón, entre otros, la pena de muerte tiene varios siglos y no solo por corrupción.
