Comunicación Comunitaria: la otra cara de la moneda

Comunicación Comunitaria: la otra cara de la moneda

Reflexiones desde el sector de las ONG en torno a los antecedentes y la evaluación de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria.

Decía Albert Einstein que “un problema no se puede resolver en el mismo plano de pensamiento en el que se creó” y en ese sentido, cuando la sociedad civil organizada y los gestores sociales y culturales de Bogotá, que desde finales de la década de los 90 hacían esfuerzos por establecer mecanismos de diálogo social para promover la paz y la salida política al largo conflicto interno colombiano en pro de la reconciliación nacional, desarrollando estrategias de comunicación y fortalecimiento de los incipientes medios comunitarios, éstos fueron estigmatizados por algunos sectores institucionales como cajas de resonancia y altoparlantes de la subversión.

Por esa razón surgió la necesidad de promover la construcción de una política pública que le diera reconocimiento y visibilización a estos procesos comunitarios y que además dignificara el oficio de los promotores y gestores de los medios de comunicación comunitaria y los protegiera como constructores de escenarios de convivencia pacífica y civilidad para producir esos cambios frente al pensamiento que estableció en nuestro país una cultura de la violencia como método para resolver nuestros conflictos.

Como la actual Política Pública de Comunicación Comunitaria incluye una perspectiva alternativa de sociedad que construye un proceso de comunicación, de pensamiento autónomo e independiente y que confronta el pensamiento único, apartándose generalmente de las expresiones de los medios tradicionales de comunicación y de los intereses económicos y de las relaciones de poder prevalentes, llegó el momento de hacer un balance a la luz de esta perspectiva.

Como las organizaciones son el reflejo de quienes las componen, es necesario resaltar que los llamados avances de la política pública de comunicación comunitaria se han dado en función de intereses particulares y de una línea de pensamiento único que ha hecho de la comunicación comunitaria un escenario para tramitar una agenda propia que se refleja en el ejercicio del poder y del control sobre quiénes pueden o no, ser beneficiarios de ella y a quiénes se les permite o no, expresar sus críticas o presentar propuestas que ofrezcan alternativas de solución y atención a los problemas y necesidades de los distintos sectores que de ella participan.

En repetidas ocasiones se ha discutido sobre el establecimiento de unos indicadores que permitan medir el impacto de la comunicación comunitaria en la transformación de las realidades socioeconómicas, culturales y ambientales de las comunidades en las que operan las organizaciones, gestores y medios de comunicación comunitaria, pero hasta el momento solo se han realizado unas cuantas caracterizaciones que difieren de lo que son las encuestas, como de la metodología para establecer indicadores de impacto y sostenibilidad.

Se habla además de establecer unos indicadores que “legitiman y legalizan” el capital social que, en términos jurídicos, es una cifra del pasivo que indica una deuda de la sociedad frente a los socios y que permite explicar el crecimiento económico, utilizando además del capital, los factores de producción tradicionales, tierra y trabajo.

El pensamiento único dominante en el desarrollo de la política pública hace un uso equivocado del concepto, quizás para referirse al capital humano que es una medida del valor económico de las habilidades profesionales de una persona. También hace referencia al factor de producción del trabajo, que son las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. Además, ese mismo plano de pensamiento que crea ese error conceptual habla de la “democratización” de la pauta o de los “gastos de divulgación pública” con proyectos de comunicación.

Cualquiera que sea la manera como ese pensamiento único aborde los conceptos de “capital” y “democratización” está apelando a los conceptos teóricos del liberalismo económico clásico o del neoliberalismo, y lo explico:

Esa sistemática distorsión conceptual promovida por el pensamiento único, oculta el sentido utilitarista de lo comunitario, y por ende de las comunidades, con las que busca satisfacer el ánimo codicioso tras la idea de una “deuda histórica” del Estado – que es resultado del contrato social celebrado entre los ciudadanos o socios de la sociedad y quienes establecen las instituciones encargadas de administrar el interés público-. En pocas palabras, los ciudadanos de Bogotá le salen a deber al pensamiento único el que el Estado avance de forma paquidérmica o no, en el cumplimiento y materialización de dicha política pública.

Eso explica por qué el pensamiento único que se atribuye como propios los avances y resultados de la política pública, afirme que lograrlo le “ha costado mucho” porque en un negocio, para ganar hay que invertir y porque “plata es plata” según los teóricos criollos de la política y de esa manera se instrumentalizan inconscientemente quienes se ponen a su servicio y en defensa de los mal llamados “espacios autónomos” en donde se instruyen bajo ese modelo mental que ejerce sobre ellos dominio y control, para “meter miedo” y hacer que quienes objetan, cuestionan y proponen alternativas, sean excluidos de los escenarios de participación, deliberación y decisión, mediante estratagemas de acoso, constreñimiento, amenazas e insultos.

Desde que se expidió la Política Pública quedaron establecidos los principios, definiciones, referentes conceptuales, enfoques, objetivos, estrategias y líneas de acción que orientan la toma de decisiones de las instituciones y de la instancia de concertación de la Mesa de Trabajo de la Política Pública de Comunicación Comunitaria, que apenas amerita una breve revisión y actualización académica de algunos de sus conceptos.

Es el modelo mental deshumanizante el que concibe a los actores de la comunicación comunitaria como piezas intercambiables o desechables de una maquinaria para fabricar con eficiencia productos y proveer servicios en franca competencia con los medios comerciales. Es lo comunitario expresado como valor de uso, es decir, como mercancía, y la comunidad expresada como moneda de cambio que tiene valor en tanto sea utilizable.

Por esta razón, el pensamiento único ha adoptado un modelo jerárquico burocrático en el que los subalternos obedecen ciegamente los dictados del amo y hacen sin cuestionarlo lo que les ordena, aunque eso mismo los perjudique, mientras se encarga con “noble entrega” de recorrer todas las instituciones del nivel distrital y local haciendo de la comunicación comunitaria un objeto de discusión para presionar el acceso a recursos por pauta publicitaria o gastos de divulgación pública, de la misma forma como lo hacen las agencias de publicidad y los medios de comunicación de propiedad de los conglomerados económicos transnacionales.

Estos medios comerciales se miden por indicadores como el raiting, el share, la circulación o los clicks, en términos cuantitativos mas no en términos de los indicadores de impacto socioeconómico, cultural, ambiental y de desarrollo humano y sostenible, con los que sí debería medirse y valorarse la comunicación comunitaria y a los medios comunitarios utilizados para mediar ese impacto.

Ese pensamiento único también se refiere de forma grandilocuente a una “Ley de Tercios” que en Colombia no existe y solo es posible mediante un acto legislativo que modifique la Constitución para que ello ocurra, lo que tendría efectos en todo el acervo jurídico de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, la prensa, la radio y la televisión, cosa que en el corto o mediano plazo no es viable.

En ese sentido, la comunicación comunitaria es un derecho fundamental adquirido por las comunidades en razón a su naturaleza social, pero los medios de comunicación, o son comunitarios o no lo son, y deben operar en el marco de las regulaciones vigentes.

Ellos se deben a la sociedad para su sostenibilidad en la medida en que su promesa de valor contribuye a su desarrollo humano y sostenible y si además les sirven como transformadores de sus realidades, contribuyendo al planeta y a la reducción de las desigualdades, a la justicia social, a la transparencia, a la convivencia y resolución pacífica de los conflictos y a aportar en la solución de las causas profundas del estallido social de los últimos años.

La comunicación comunitaria no puede servirles como licencia a los medios comunitarios para convertirse en agitadores del matoneo, la calumnia y la difamación, ni en sembradores del odio o azuzadores de descalificaciones y rencores en nombre de la democracia, del pueblo, de la patria o de las libertades y “derechos adquiridos” a nombre de comunidades a las que el pensamiento único desconoce y solo utiliza.

Bien lo han reconocido varios de los actores de la comunicación comunitaria de Bogotá: un medio comunitario es colectivo, plural, participativo y democrático; por ello, su sostenibilidad económica debe ser apoyada y fortalecida en tanto adopten un propósito superior que va más allá de lo estrictamente monetario y del ánimo de lucro; medios comunitarios que incorporen como finalidad primordial e inspiradora el cuidado y bienestar de las comunidades y del medio ambiente, que se sustente en la gestión de proyectos e iniciativas que permitan el acceso a recursos públicos como medio para lograrlo y no como fin o como mecanismo clientelista de repartos económicos dependientes de la “voluntad política” de turno mediante pactos políticos que comprometen la independencia, la autonomía y la responsabilidad social que les señala el artículo 20 de la Constitución, además de comprometer la libertad de expresión y del acceso a información veraz e imparcial a las que tienen derecho las comunidades, mientras la corrupción, como la violencia, crecen como parte de nuestra cultura e identidad nacional.

Y mientras el pensamiento único hable de democracia en el discurso, pero ejerza un poder omnímodo y autoritario en la aplicación práctica de los fundamentos que sustentan la Política Pública de Comunicación Comunitaria para su pleno desarrollo, y mientras que mediante artificios irracionales acuse de enemigos a quienes le cuestionan las intenciones detrás de su discurso o señale que otras políticas públicas como la de la Economía Cultural y Creativa son una amenaza de la que defenderá mesiánicamente a la comunicación comunitaria, pero solo con el ánimo de proteger sus intereses particulares con los que busca cartelizar la contratación pública a través de simuladas centrales de medios comunitarios, es urgente explicar la oportunidad que ofrece esa nueva política pública al abrir caminos para la financiación de proyectos productivos y empresariales a los que podrán acogerse quienes tienen espíritu emprendedor y con ánimo de lucro, liberando así a las comunidades y su comunicación comunitaria del peso de verse comprometidas con intereses políticos y económicos ajenos a su naturaleza social.

La propuesta se resume entonces en los siguientes términos:

  1. Los recursos con los que se ha de financiar la comunicación comunitaria deberán provenir de la Secretaría de Cultura, no de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, que inexplicablemente resultó convertida en central de medios del Distrito tras la desaparición de lo que en su momento se conoció como la “Agencia en Casa” a cargo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a donde debería regresar esa responsabilidad.
  2. De igual manera, la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Bogotá deberá estar a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y la Mesa de Trabajo a la que se refiere el Decreto 149 del 2008 deberá tener representación en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, siendo el sector Cultura el que se encargue de definir cuál de sus instituciones adscritas, en razón a su misionalidad, ejercerá la Secretaría Técnica de la citada Mesa de Trabajo.
  3. Enfatizar que la Política Pública de Comunicación Comunitaria, ES de Comunicación Comunitaria y no una Política Pública de Medios de Comunicación que tienen en Colombia una profusa legislación que les brinda las garantías señaladas en el contrato social constitucional.
  4. Los indicadores con los que se deben medir los medios comunitarios y los procesos de comunicación comunitaria no son los mismos con que se miden los medios comerciales que tienen una naturaleza estrictamente enfocada en el lucro y la ganancia, por el contrario, deben provenir de los indicadores sociales del aporte o impacto que aquellos tienen en las comunidades en términos de cambios o transformaciones favorables a su bienestar y desarrollo sociocultural, humano y sostenible, en ejercicio de su Responsabilidad Social y en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los que igualmente deben incorporarse a la política pública, siendo los medios comunitarios responsables además de rendir periódicamente informes de gestión y de sostenibilidad social, ambiental y económica.
  5. Los alcances y beneficios que ofrece la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa 2019-2038, soportada en el Documento CONPES Distrital 02 del 26 de septiembre de 2019, deberán extenderse, cobijar e incorporarse integralmente a la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria de Bogotá por el mismo periodo, como fundamento para la asignación de recursos y presupuesto tendiente a su fortalecimiento organizativo, social, jurídico, operativo, tecnológico, administrativo y de sostenibilidad social, económica y ambiental.

En conclusión, estos cambios, en un plano del pensamiento más pluralista, democrático y participativo de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria, permitirán empoderar a las bases sociales que sustentan a los medios comunitarios, garantizando el derecho a la libre expresión, al libre acceso a la información veraz e imparcial y a la sostenibilidad, autonomía e independencia de los medios comunitarios frente a poderes políticos, económicos o de cualquier otra naturaleza contraria al sistema democrático que los contamine de ambiciones y codicia destructiva.

Redacción: Raúl Benítez Ortega

By Aura Nelly Díaz

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