Comunicación Comunitaria: la lógica contra la infamia

Reflexiones desde el sector de las ONG en torno a los antecedentes y la evaluación de la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria.

Un adagio popular señala que “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.” Así lo han demostrado los vientos de cambio que vive Colombia tras largas décadas bajo el imperio de la corrupción, la criminalidad galopante del poder, donde todo vale para aferrarse a él y mantener divido al país, con la convicción de que una nación partida en mil pedazos, es maleable y manipulable con más facilidad, gracias a la eternización de las desigualdades, la injusticia y la transmutación de los más elementales principios de la ética y la moral públicas.

De esa realidad no ha escapado la puesta en marcha y aplicación de la política pública distrital de comunicación comunitaria y alternativa de Bogotá, contaminada por los vicios de los intereses económicos y políticos de quienes son ajenos a los principios y
propósitos que en ella se consagraron para orientar la toma de decisiones y actuar en consecuencia, dentro de un marco de inclusión, participación y construcción colectiva del cambio social que demanda el país desde los orígenes de la República.

El escenario de la mesa de trabajo distrital de dicha política se convirtió en una década en un campo de batalla más, dentro del entramado de conflictos que cruzan el debate público sobre el interés general que, subyugado por el interés privado impuesto por la fuerza, con violencia, mediante el despojo de la representatividad legítima y democrática o la suplantación de la misma, bajo artificios y manipulaciones que repugnan hasta el cansancio, han hecho prevalecer el liderazgo y dominio de fuerzas de oscuras
intenciones que se aprovechan de lo comunitario para decir que son “la voz de los que no tienen voz”.

Nada más falso. Desde las mismas comunidades se levantan gritos de indignación y protesta por quienes tienen semejante pretensión de hablar en nombre de ellas, de las que no son parte y de las que no han recibido ninguna representación con válida
legitimidad. La comunicación comunitaria es, ha sido y será siempre la voz que se levanta desde las comunidades de ciudadanos que no hallan en las distintas manifestaciones del poder una respuesta para atender sus demandas y necesidades, y menos aún, de los medios de comunicación, intrumentalizados para servir a los intereses de minorías privilegiadas.

Desde la entrada en vigencia de dicha política pública han surgido “organizaciones sociales” sin proceso social, sin compromiso ni responsabilidad con ninguna comunidad, solo al servicio del lobby contractual y político de intereses, ambiciones y codicias particulares. Se ha fortalecido una línea de pensamiento único, según el cual todos los actores de la comunicación comunitaria y alternativa de Bogotá deben ponerse a su servicio y someterse a su única voluntad stalinista hitleriana.

El disenso ofende e insulta al pensamiento único cuando se le cuestiona en sus prácticas y en sus constantes ataques descalificadores y difamatorios de quienes confrontan ese unanimismo construido artificialmente; le indigna que se le haga ver sus
pretensiones contrarias a la naturaleza y los fines de la comunicación comunitaria. Olvida que la política pública es de comunicación comunitaria y alternativa y que, en esencia, protege el derecho fundamental y democrático a la libre expresión, a la libertad de información y de acceso a ella, con veracidad e imparcialidad.

Le rodea un séquito abyecto y deslumbrado por su aparente magnanimidad que le hace coro al decálogo de infamias con el que pisotea el derecho al disenso, la dignidad y el buen nombre de quienes se le interponen a sus ambiciones políticas y su codicia por los recursos públicos, graduándolos de “enemigos” porque no se someten a su voluntad a pesar de toda clase de atropellos y vejaciones que deben soportar sus críticos.

La usurpación de la representatividad de distintas organizaciones, como le ocurrió a Rosalba Alarcón, coordinadora del Colectivo ALMA, la suplantación de su identidad y el intento de monopolizar todos los procesos, redes, organizaciones y medios de comunicación comunitaria y alternativa, ha sido la constante del pensamiento único dominante. Nada ha cambiado y nada ha avanzado desde que se pensó que la expedición de una política pública le daría reconocimiento a la comunicación comunitaria y dignificaría a sus principales creadores y promotores como gestores culturales, líderes sociales y comunicadores populares.

Tras el estallido social de los últimos tres años, muchos han llegado a creer de nuevo que los medios comunitarios y alternativos son cajas de resonancia de organizaciones al margen de la ley o auxiliadores de ellas según se vivió a comienzos del siglo XXI,
gracias a aquellos que ocultos tras una grabadora o un celular comprado en cualquier almacén de la calle 13, se autoproclaman y autogradúan de “periodistas” para animar el baile rojo y la matanza de jóvenes que en primera línea se convierten en carne de
cañón de la violencia oficial como en tiempo reciente denunció María Jimena Duzán. Una total irresponsabilidad que no corresponde con los procesos de formación de la academia en materia de comunicación social y periodismo, ni con la formación de corresponsales de guerra que ofrecen diversas instituciones relacionadas.

Informar de manera veraz e imparcial, implica mucho más para los periodistas y medios de comunicación, en lo que respecta a la responsabilidad social que les señala el artículo 20 de la Constitución nacional: es evitar también suscribir “pactos” con partidos
políticos o grupos de interés particular a cambio de votos o de comprometer o hipotecar la independencia, autonomía y línea editorial de los medios comunitarios y alternativos, para convertirlos en aparatos de propaganda al mejor postor –o medios enmermelados, como dicen en las calles-, algo de lo que dejó una amplia doctrina desde mediados del siglo XX, el jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels.

Pero analicemos ejemplos claros de esa manipulación mediática y política que ejerce el pensamiento unanimista enquistado en la Mesa de Trabajo Distrital de la Política Pública de Comunicación Comunitaria y Alternativa, a través de la cual distorsiona y
desvía a su favor el propósito de dicha política, resaltando como grandes resultados procesos fallidos para el fortalecimiento de la comunicación comunitaria de Bogotá.

Así ocurrió en el 2012 con el Convenio de Asociación 838 por $713.835.600, celebrado entre el Instituto de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, y la Fundación Nexos Municipales representado por Ricardo Nanclares quien fuera integrante del Consejo Territorial de Planeación Distrital, y su equipo de “gestores sociales”, responsables del incumplimiento en su ejecución que, Junto con la Ex Directora del IDPAC, Aura Deisy Ruíz, que autorizó la celebración de dicho convenio, fueron sancionados dentro de sendos procesos cuyos expedientes reposan en la Contraloría Distrital y otros entes de control, entre ellos, el proceso ejecutivo que se le adelantó a la ex directora a quien le embargaron sus propiedades para que el distrito pudiera recuperar los dineros entregados.

El convenio celebrado tuvo como objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para generar redes distritales y locales de comunicación pública, social, alternativa y comunitaria que promuevan la equidad, la integración económica, espacial
y cultural del Distrito Capital y la defensa y fortalecimiento de lo público de conformidad con los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital”; redes que probadamente nunca se crearon, con altos sobrecostos en la contratación y pagos a subcontratistas que tampoco contribuyeron al fortalecimiento de lo público.

Ese pensamiento único que, convencido de que las comunidades y los actores de la comunicación comunitaria tienen muchos “pelos de tontos”, recorre a diario despachos y oficinas de funcionarios públicos del Distrito o envía a sus emisarios para intentar que en nombre de la “democratización” del presupuesto de gastos de divulgación, prevariquen y diseñen en los procesos de contratación pública bajo la Ley 80 de 1992, unos “pliegos sastre”, a la medida de sus pretensiones, entre ellas:

  1. Que se desconozca la base de datos y el registro que hace el Instituto de la Participación, IDPAC, sobre los procesos, organizaciones y medios de comunicación comunitaria, con una excusa baladí para que los “planes de medios” sean “consensuados” a puerta cerrada, a espaldas de los representantes de los distintos sectores que integran la Mesa de Trabajo y por
    debajo de ésta, con el fin de acordar privadamente quiénes deben ser o no reconocidos como comunitarios y a quiénes se les deben direccionar contratos y recursos. Es decir, una contratación a dedo preaprobada por quien desde años atrás intenta cartelizar estos procesos para su propio beneficio a través de una supuesta central de medios comunitarios, o como ahora, a través de un colectivo al que no representa y del que no es su legítimo vocero, o como lo intentó antes de suscribir el mencionado convenio al proponérselo a la Fundación Redsocial de Medios de Comunicación para que avalara a ciegas ese “proyecto” con la equivocada idea de que su representante tenía precio, pero que resultó demostrar que tiene un alto valor que no se compra ni se vende por suma alguna. Quien entonces mordió el anzuelo fue Nanclares y hoy lo hacen otros peces más pequeños.
  2. Que la tabla de tarifas que maneja la agencia de medios de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, de los medios comunitarios y alternativos, también sea consensuada con los funcionarios públicos por intermedio y con el visto bueno de quien tiene un serio conflicto de intereses por haber sido funcionario y exdirigente sindical de dicha empresa, pretendiendo además que el Estado intervenga en la regulación y control de precios de la pauta publicitaria sin importar los correspondientes costos de administración, imprevistos y excedentes de los que los medios comunitarios y alternativos logran su sostenibilidad. Esto limitaría la libre iniciativa social emprendedora. Es decir, quedarían sometidos a las limitaciones que le imponga el Estado y a los recursos que voluntariamente éste le quiera asignar según el capricho o “voluntad política” de cada ordenador del gasto, mientras el cartelizador logra canalizar la contratación a través de sus negocios particulares. Un método efectivo de censura y sometimiento del medio de comunicación o del periodista a depender de quien ejerce el poder o de quién los utiliza para negociar favores políticos o el expreso deseo de hacerse nombrar o hacer nombrar a alguien de su absoluta confianza en un cargo público de importancia desde donde pueda direccionar los recursos de la comunicación comunitaria.

Por supuesto, aliados no le faltan al pensamiento único que lo secunden en sus intenciones para que se encarguen de emprender una campaña reaccionaria de ataques personales como ya lo han hecho en repetidas ocasiones, instruidos y acostumbrados a pisotear la dignidad y buen nombre ajenos para escalar pasando por encima de quien sea y al precio que sea, aún con amenazas, chantajes y matoneo. Como decía Demócrito de Abdera: “Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla”, por eso se escucharán voces de airada reacción y posada dignidad para victimizarse, pero incapaces de responder con la verdad por las consecuencias de sus actos.

Para quienes han creído ciegamente en cantos de sirena y promesas mesiánicas, es bueno recordar además lo que señalaba Demócrito: «Nada sabemos de cierto, pues la verdad está en lo profundo» y el periodismo en los medios de comunicación comunitaria no puede faltar al cumplimiento de ese principio de ir hasta el fondo de todo para hallar la verdad, porque no hay verdad que no salga a la luz y sea demostrada con el método empírico y la lógica dialéctica del derecho.

Redacción: Raúl Benítez Ortega

By Aura Nelly Díaz

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