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Hoy en las plenarias de Senado y Cámara del Congreso de la República se aprobó la conciliación del proyecto de ley de ácidos o más conocido como proyecto de ley “Natalia Ponce´”, de autoría del Movimiento Político MIRA, que luego de una gran discusión y debate entre los conciliadores de las respectivas cámaras se acordó adoptar el texto aprobado por la plenaria de Senado.

El proyecto pasa a sanción presidencial y solo le resta la firma del Presidente Santos para convertirse en Ley de la República.  El Representante Carlos Eduardo Guevara como autor y conciliador del proyecto, solicita al Primer Mandatario su pronta promulgación para que así las nuevas penas puedan entrar en vigencia. De acuerdo con el Congresista Guevara el texto aprobado en la conciliación contempla:

  • El Ministerio de Salud formulará en seis meses (06) una política pública de atención integral a las víctimas de ataques con ácidos, donde se garantizará el acceso a la atención médica y psicológica integral.
  • Se crea el delito autónomo: LESIONES CON AGENTES QUÍMICOS, ÁCIDO Y/O SUSTANCIAS SIMILARES.
  • Se crea el delito dentro del capítulo de lesiones personales porque el bien jurídico tutelado es la integridad personal.
  • Se penaliza el solo hecho de lesionar a otra persona con ácido o sustancias similares, aunque el daño sea temporal. La pena pasa de 6 a 10.5 años a 12,5 hasta 20 años y multa pasa de 20 a 31 millones a 73 a 154 millones de pesos.
  • Cuando hay daño permanente se agravará la pena de 20 hasta 30 años.
  • Cuando se afecte el rostro la pena se aumentará en una tercera parte llegando hasta un máximo de 40 años de prisión.
  • Se introduce dentro de las sustancias u objetos peligrosos los ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.

Se introducen las lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y/o sustancias similares dentro de las exclusiones de beneficios y subrogados penales. Es decir, no podrán acceder a suspensión condicional de la pena, prisión domiciliaria, ni beneficios judiciales o administrativos para quienes cometan este delito.